Nelson Martínez Espinoza
“El cine es un instrumento de expresión, de construcción y constitución de la identidad de una nación.”
Jorge Sanjinés
Resumen
Bolivia se enfrenta al debate e incorporación de una nueva ley del cine que permita colmar las expectativas no solo de artistas y trabajadores del mundo cinematográfico y audiovisual, sobre todo se enfrenta al enorme desafío de hacer frente desde el estamento de las leyes a un proceso de colonización que ha restringido la posibilidad de contar nuestras propias historias por medio de la creación y nuestras propias imágenes.
El cine, más allá de ser un medio de comunicación para el entretenimiento, se ha convertido en un fenómeno que permite difundir la naturaleza y las experiencias de los diversos habitantes del planeta, expresando sus tradiciones y culturas para interactuar con otras en diferentes lugares.
Al margen del género cinematográfico las imágenes en movimiento se convierten hoy en un bien intangible que es de alta demanda y consumo en el mundo. En este escenario, los creadores y realizadores bolivianos al encontrarse en clara desventaja para entrar a competir para captar la atención de los consumidores, se ve en la disyuntiva de entrar en el campo de la acción ciudadana para la formulación de normas que permitan en su propio territorio ser partícipes de obras que reflejan un cine propio.
Esta investigación pretende sistematizar la información desarrollada en distintos momentos de esta historia corta de siete años, en los cuales el sector audiovisual inició una lucha, pacífica para proponer un nuevo horizonte que permita avanzar en un proceso de de (s) colonización y hacer frente al desequilibrio existente en el mercado y sistemas de circulación de contenidos cinematográficos y audiovisuales.
Palabras claves
Cine, Ley, Audiovisual, política, comunicación, cinematografía, soberanía audiovisual.
Introducción
Fue precisamente en Tiquipaya, población cercana a la ciudad de Cochabamba, el año 2010, en las instalaciones del centro de formación de CEFREC – CAIB, cuando se realizó el Encuentro Nacional de Documentalistas de Bolivia, donde surgió el debate ya recurrente años a tras sobre la necesidad de modificar o crear una nueva ley del cine que dé cuenta de las grandes transformaciones vividas en el continente en torno a una legislación que impulse la actividad cinematográfica y audiovisual en el país.
De manera reiterada el diagnóstico apuntó nuevamente a la quiebra del Fondo de Fomento Cinematográfico, como una de las causas principales de la obsolescencia de la Ley del Cine No.1302 promulgada en el gobierno de Jaime Paz Zamora, el año 1991.
El fracaso de la 1302 está relacionado también a la incapacidad del Estado de poner en práctica la norma y sobre todo por el desconocimiento y falta de diseño de políticas públicas para el campo de la cultura.
En el umbral del tratamiento del anteproyecto de la nueva Ley de Cine y Audiovisual Boliviano en la Asamblea Plurinacional, es importante reflexionar sobre el procedimiento desarrollado por el sector del ámbito audiovisual y cinematográfico del país, en particular por los realizadores y trabajadores de la imagen que se articularon con el propósito de diseñar y buscar la implementación de una norma que permita recuperar la “soberanía audiovisual” como una estrategia de de (s) colonización.
Desde la década de los años sesenta hasta la actualidad, de forma sistemática, la industria cinematográfica norteamericana se ha asentado en Bolivia al igual que en el resto de los países del continente y del mundo entero, con el fin de expandir y copar el mercado de consumo de imágenes sobre todo en salas de cine, esta política expansionista de corte totalmente colonizador ha inhibido y atrofiado las posibilidades de desarrollar la producción local en el campo cinematográfico.
En la actualidad se estima que existen alrededor de trescientas películas estrenadas en el territorio nacional de los cuales cinco o seis son obras bolivianas.
Objetivos
Objetivo General
Identificar el origen y desarrollo del proceso de acción colectiva que permitió la formulación del anteproyecto de Ley del Cine y Audiovisual Boliviano como estrategia de de (s) colonización.
Objetivos Específico
Describir el contexto en el cual se impulsa la evaluación y reflexión de normativa para el campo cinematográfico y audiovisual en el país.
Sistematizar el proceso de organización del sector audiovisual en torno al objetivo de elaborar y proponer una norma legal para hacer frente al régimen colonial impuesto por la industria cinematográfica.
Identificar la ruta crítica por la cual se dio un debate público de una norma para el fomento del cine nacional.
Evaluar las acciones desde la sociedad civil y su relación con el poder ejecutivo para la formulación del anteproyecto de ley.
Establecer alcances y limitaciones del proceso de participación del sector audiovisual en la incidencia política para la formulación de la normativa.
Metodología
El presente trabajo de investigación implementará el método histórico con el fin de describir los antecedentes en torno a la acción de la elaboración y formulación de normativa relacionada con el ámbito de la cinematografía en el país, del mismo modo se pretende aplicar el método comparativo para la sistematización y el análisis de los fenómenos en distintos momentos que nos permitan dar respuesta a nuestros objetivos y por último aplicaremos el método crítico – racional derivado de la Escuela de Frankfurt para identificar los modelos discursivos de la sociedad civil y la sociedad política en la dinámica de la formulación de políticas públicas.
Antecedentes del cine boliviano
Según los datos relacionados con la historia del cine boliviano, las primeras películas llegaron a La Paz, Bolivia en 1897 y se proyectaron en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Las primeras películas silentes fueron provenientes principalmente de Europa y Estados Unidos.
En 1904 se producen los primeros registros filmados en Bolivia. La primera película nacional habría sido “Retratos de personajes históricos y de actualidad”.
Es a partir de los años veinte que el país se integra al circuito mundial de exhibición de películas norteamericanas, desplazando a la industria europea.
Desde esa época nuestro país, al igual que los demás países de América Latina, se convierte en un eslabón y plaza de exhibición de la industria cinematográfica de Estados Unidos.
Fueron Pedro Sambarino, José Velasco María Maidana, Arturo Posnasky, Luis Castillo, Arturo Borda, Marina Núñez del Prado, Guillermo Viscarra, Emmo Reyes, Juanita Tallansier, Mario Camacho, José Jiménez, Raúl Durán, Matilde Garvía, Donato Olmos, Manuel Sagárnaga, Enrique Mendoza, Valentina Arce entre muchos otros, técnicos, actores, directores y productores con quienes se inicia la actividad cinematográfica de dos géneros en particular: el documental y la ficción.
De los registros sobre el paisaje y la cotidianidad de la sede de gobierno, se pasa a la adaptación de obras literarias para la cinematografía, en el que se expresa ese relacionamiento que marca nuestra identidad: lo indígena y lo mestizo. Estas dos identidades se convierten en los primeros argumentos de nuestra narrativa cinematográfica. Dos claros ejemplos son “Wara Wara” y “El hijo de Choqueyapu”.
La guerra del Chaco, también se convierte en tema para el cine, en este periodo José Velasco María Maydana es el encargado de retratar la contienda bélica y surgen películas como “Hacia la gloria”, “Infierno verde” y “La campaña del Chaco”.
Preámbulo para una ley del cine
En el contexto de la revolución Nacional de 1952, se crea el Instituto Cinematográfico Boliviano (IBC), el primer intento de apoyo por parte del Estado a la actividad cinematográfica. El IBC tuvo como misión ser un instrumento de propaganda gubernamental y acompañar el procedo político que vivía el país.
Desde 1952 hasta 1961 se producen aproximadamente 400 películas en el Instituto Cinematográfico Boliviano constituyéndose en la década más fructífera de la cinematografía nacional en toda su historia.
Fueron dos sus más grandes contribuciones, por una parte se convirtió en un centro de producción de documentales y noticieros, testimoniando así los acontecimientos de ese periodo vivido en el país, construyendo la memoria colectiva, base del patrimonio fílmico y por otra parte fue el primer taller de cine, no sólo en cuanto al conocimiento técnico, sino también en la creación narrativa.
Jorge Sanjinés, el cineasta más importante del cine boliviano en todo nuestra historia, fue el precursor de la primera escuela de cine el año 1961.
Con la desaparición del IBC el año 1968 se dio paso a la Empresa Nacional de Televisión canal 7, el canal del Estado.
En el periodo de mayor producción de la cinematografía nacional del siglo XX, se destacan cineastas como Jorge Ruiz, Jorge Sanjinés, Hugo Roncal, Oscar Soria, Ricardo Rada, Antonio Eguino, Benedicto Huanca, Marcelino Yanahuaya y Néstor Peredo, entre otros.
De 1966 a 1971 se enmarca el tiempo de mayor producción de Jorge Sanjinés y es el periodo de un cine que se nutre de la identidad indígena fuertemente desarrollada por este cineasta. Basta con mencionar obras como “Ukamau” y “Yawar Mallku”, que se convirtieron en el emblema del cine boliviano de ese tiempo. El llamado “cine junto al pueblo” es como define Sanjinés a su obra.
A través de una convocatoria realizada por la UNESCO en los años cuarenta, se emplaza a los países miembros, para que se preserve el patrimonio fílmico. De éste modo surge la conciencia del invaluable aporte de este material cultural para la humanidad.
Fueron Luis Espinal y Alfonso Gumucio quienes en los años setenta promovieron esta iniciativa, planteando la creación de una institución que preserve el patrimonio fílmico nacional. En 1976 es cuando se crea la Cinemateca Boliviana gracias a la iniciativa varios personajes y autoridades paceñas entre ellas el Alcalde de La Paz Mario Mercado, Amalia de Gallardo del Centro de Orientación Cinematográfica y el Padre Renzo Cotta de la obra Don Bosco.
El surgimiento de la Cinemateca Boliviana
La Cinemateca Boliviana inició sus actividades de exhibición de películas en la Casa de la Cultura. Sus primeras proyecciones de cine boliviano fueron “Laredo de Bolivia” (1958), “Carnaval Paceño” (1926) y “Posesión del Presidente Hernando Siles” (1926).
Esta entidad destinada a recuperar la memoria cinematográfica del país fue dirigida en sus inicios por Pedro Susz y Carlos Mesa y se convierte en la iniciativa más importante para impulsar la actividad cinematográfica del cine boliviano y un centro de formación sobre el cine del mundo a través de sus innumerables proyecciones. Esta iniciativa originada en la sociedad civil es uno de los emblemas de la gestión cultural, frente a un estado que poco o nada le importaba la cultura que siempre fue vista como un labor de entretenimiento, para la clase media de la sede de gobierno.
Es a partir de 1978 cuando la Cinemateca Boliviana se traslada al cine San Calixto de la Compañía de Jesús, ubicado en la calle Pichincha e Indaburo iniciándose así las actividades de archivo.
Desde un inicio, fueron muchas las dificultades económicas por las que atravesó ésta iniciativa de la sociedad civil, sin embargo a pesar de las adversidades se mantuvo firme y constante en su labor, gracias al esfuerzo y dedicación, fundamentalmente de Pedro Susz y Elizabeth Carrasco.
Es importante recordar que la Cinemateca Boliviana, se creó sobre la base de los siguientes objetivos para con la sociedad:
“Recuperación, Conservación y difusión del cine boliviano y del mejor cine universal de todos los tiempos.
Formación del gusto del espectador por un cine de alta calidad, comprensión del valor estético y cultural del cine, y la concientización de que el cine debe ser preservado.
Educar a la población con la exhibición de buenas películas, para mejorar su función cultural, histórica y científica.” Alcocer y Marechal (2003)
Desde un principio, el Estado no contó con los recursos suficientes para garantizar la preservación del patrimonio fílmico del país, es en esas circunstancias que surge la Fundación Cinemateca Boliviana, entidad sin fines de lucro, que se hace cargo y asume esta responsabilidad por el mandato otorgado en la Ley del Cine 1302.
Pedro Susz en una entrevista afirmó lo siguiente: “Cómodamente, el Estado dejó que la Cinemateca haga lo suyo, cumpla con una tarea que el encomendable era el Estado, pero el Estado no ha hecho nada para que esa tarea se pueda cumplir de una manera más eficiente y más efectiva también”.
En el año 1978 se promulga una ley de Cine donde se establece que la Cinemateca se define como “Archivo Nacional del Cine”. Un año más tarde por medio de otro Decreto Supremo se le asigna el título de “Repositorio Nacional de Imágenes en Movimiento”.
En el año 1982 una resolución municipal libera a la Cinemateca del pago de impuestos por espectáculos.
Fue en la Cinemateca Boliviana donde toda una generación de cineastas y nuevos realizadores se organizó para impulsar la Ley del Cine.
El primer intento de contar con un instrumento legal, se dio a finales del mandato del Dictador Hugo Banzer Suarez, que en su última reunión de gabinete aprueba el Decreto Ley No. 15604, consistente en la Ley General del Cine, mediante la cual se crea el Consejo Nacional Autónomo del Cine y se establecen mecanismos de incentivo y promoción al cine nacional. Sin embargo, todo quedó en buenas intenciones, puesto que el texto sólo se aplica de manera parcial.
Es en el Gobierno de Jaime Paz Zamora en 1991, luego de quise años de arduas gestiones y tropiezos, que se logra la promulgación de la Ley del Cine 1302 a pesar de la fuerte oposición parlamentaria y de grupos económicos que se veían afectados por esta normativa: los empresarios de videoclubes.
La aprobación de la Ley del Cine no fue un trámite fácil, pasaron años en los que se hablaba con parlamentarios en los pasillos del Congreso, intentado que algún diputado o diputada asumiera el proyecto para presentarlo y debatirlo en el seno del Poder Legislativo. De los pasillos se paso a la movilización en las calles, donde la ciudadanía se sumó a ésta iniciativa liderada por los cineastas y trabajadores del ámbito audiovisual en distintas ciudades del país. Al final fue la presión en las calles la que propició su aprobación como Ley de la República.
Las bases de la política de Estado para el audiovisual boliviano
Si bien en la década del cincuenta por decisión gubernamental se crea el Instituto Cinematográfico Boliviano y el año 1968 por decreto se crea el Canal de Televisión Estatal[1], estas dos instancias responden a un interés específico de la clase política en el poder, utilizando estos medios de comunicación masivos para el fortalecimiento de su gestión política y de propaganda gubernamental.
Para evidenciar esta realidad sólo basta con ver los noticiero cinematográficos de los años cincuenta, donde se promociona las facultades humanas y de gestión gubernamental de los mandatarios de la época, y para el caso de canal 7 los ejemplos sobran. Desde su aparición fue administrada desde la Secretaría o Ministerio de Comunicación o incluso desde el Ministerio de la Presidencia.
La inquietud por una normativa en el ámbito cinematográfico, surge fundamentalmente por parte de la sociedad civil y su propósito principal fue impulsar y alentar la producción y fomento del cine boliviano.
En el país no se instalaron grandes empresas productoras cinematográficas, las pocas que existieron tuvieron una corta duración por tanto esta iniciativa no respondía al interés de empresarios cinematográficas dedicados a la producción. El único rubro sostenible y de mayor solidez fue desde un principio la exhibición.
La exhibición en salas de cine, con sus altibajos, fue el rubro más próspero y constante. Es a través de estas empresas que la gran industria norteamericana introdujo sus contenidos, convirtiéndose así éste sector en difusor de una ideología dominante, base del sistema capitalista mundial. De este modo, una actividad de entretenimiento y diversión para el tiempo libre, conlleva en el fondo una ideología colonialista.
Es importante recordar que entre la década del sesenta al ochenta y gracias a la Cooperativa Minera de Bolivia (COMIBOL), el cine pasó de ser una actividad mayoritariamente citadina hacia los centros mineros. Según datos publicados en la revista digital Cinemas cine, Marcelo Cordero habla de la existencia de 240 espacios de exhibición en el país en la mejor época.
Con la ruina de la actividad minera, como producto de la baja de los precios del estaño en el mercado mundial y la posterior política de desaparición de la COMIBOL con el Decreto 21060, los cines en centros mineros terminan cerrándose, al igual que en todo el país. Es en la década del ochenta donde se puede hablar de una etapa de inflexión de esta actividad.
Una de las razones fundamentales para esta caída y baja de popularidad de los cines, es sin duda la aparición de la televisión privada. Según Guillermo Biner empresario cinematográfico, administrador de los cines Escala, Universo y Monumental Roby fue “la política neoliberal” aplicada en los ochenta la que propició el cambio en el negocio cinematográfico.
Dos fueron los factores fundamentales para el cierre de salas de cine en ese periodo, sostiene Biner: “El primero tiene que ver con la emisión de películas sin el correspondiente pago por los derechos de exhibición de parte del canal del Estado, la televisión universitaria y más adelante los canales privados. El segundo factor fue la aparición del negocio de los videoclubes y más tarde la proliferación de la venta de películas en DVD de parte del sector informal de la economía”. (G. Biner, entrevista personal, febrero 2012)
Para comprender la historia de nuestro cine, es necesario hablar también acerca de la fuerte influencia de la televisión en el país. Fue en el periodo de la dictadura banzerista, cuando se fortaleció a la Empresa de Televisión Boliviana para ser utilizada como instrumento de proselitismo político, siendo incluso sometida a una censura en la actividad periodística e informativa. Al existir un solo canal de televisión, la ciudadanía se vio sometida a un estricto control sobre los contenidos y una programación distractiva que escondía todo cuanto pasaba en la batalla por la imposición del régimen dictatorial.
La televisión desde un principio desarrolló dos tipos de programación, una la producción en directo en la que se destacan los noticieros y programas de entretenimiento y la programación “enlatada” con material audiovisual de donación, algunas películas y novelas con derechos pagados a precios muy bajos para su exhibición y el material que se emitía sin contar con los derechos de emisión correspondientes. Esta práctica se generaliza luego del incremento en la cantidad de canales de televisión abierta y por cable que surgieron desde la década del noventa hasta hoy en día.
Importancia de una normativa cinematográfica en el país
¿Cuáles son los motivos para que surja una ley del cine?. De hecho, no fue una iniciativa de la clase política, fue una demanda de artistas, cineastas y videastas que al ampara de una normativa, buscaban impulsar la producción nacional del cine, como ocurría en el resto de América Latina; la idea de la norma fue vista como una manera de afirmar la identidad cultural de un país, frente al avasallamiento de la gigantesca industria cinematográfica norteamericana.
Los cuatro pilares de la 1302
En ese contexto de demanda social y fuerte presión del sector audiovisual, se promulga la Ley del Cine, sobre el sustento de cuatro pilares fundamentales.
El primero: es una política estatal de fomento a la actividad cinematográfica. Para ello se establecen dos factores importantes, uno es la creación de una institución del Estado: el Consejo Nacional de Cine (CONACINE) y el Fondo de Fondo a la Cinematografía.
Esta política de fomento instituyó una serie de mecanismos legales y administrativos, como ser la exención de impuestos a ciertas actividades para facilitar la producción, la liberación de las películas nacionales de múltiples gravámenes aduaneros y se diseña un Fondo de Fomento consistente en un millón de dólares otorgados por única vez, recursos destinados a la producción de películas en la modalidad de préstamo con tasas de interés de hasta 8% a dos años plazo.
El segundo pilar es la educación que tiene tres componentes:
a. La formación de públicos para alentar la cultura cinematográfica.
b. Impulsar una escuela de cine para la profesionalización de los recursos humanos.
c. La incorporación de la educación para la imagen en la educación escolarizada.
La Ley de manera sabia, plateó incidir en el campo de la formación escolar, previendo la necesidad de preparar a profesores y alumnos para utilizar el audiovisual como una herramienta educativa, es decir, más que un entretenimiento, como un medio de difusión ideológica, referente de valores, con el fin de crear en los jóvenes una mirada crítica y una conciencia que revalorice la defensa de la cultura y la identidad boliviana.
Una oferta tendiente a la formación de públicos y la orientación cinematográfica para ser abordada desde las aulas escolares.
Esta propuesta innovadora en la legislación latinoamericana, fue desarrollada y aplicada en otros países, mientras que en el nuestro, a pesar de los múltiples esfuerzos de los diferentes directores de CONACINE, se fue desvaneciendo por la burocracia estatal y la falta de compresión sobre la trascendencia de esta medida.
El tercer pilar tiene que ver con el reconocimiento de la actividad cinematográfica en el país, para que el sector audiovisual salga del anonimato y se acredite como una actividad legal, estableciendo derechos y obligaciones para las empresas y las personas, protegiendo los derechos de autor, creando un registro de las obras nacionales para su defensa y promoción, así como garantizando el libre comercio para la distribución y exhibición de películas en salas de cine.
El cuarto pilar de la ley, es la salvaguarda del patrimonio fílmico nacional, en base a técnicas y cuidados especiales para la preservación del cine boliviano. Con el fin de lograr este objetivo, la ley transfiriere esa responsabilidad, que por lo general es del Estado, a una entidad privada: La Fundación Cinemateca Boliviana. (Susz y Quiroga 1998)
¿Por qué la Ley del Cine no se aplicó en su integridad?
Es en la gestión de Cecilia Quiroga que se define como base de trabajo, el cumplimiento estricto de cada uno de los artículos consignados en la normativa para la cinematografía boliviana. El Plan Estratégico para diez años y los informes de gestión, claramente demuestran que se definió como mandato la aplicación de la norma hasta en sus más mínimos detalles.
Esta actitud no fue igual con otros directores del CONACINE, se puede decir por los diálogos y entrevista realizados a varios de ellos que cada cual organizó su gestión en base a los desafíos que tenían por delante. Por ejemplo la prioridad de Armando Urioste fue la reincorporación del país al proyecto Ibermendia y Doctv, así como realizar cambios a la Ley; para César Pérez, entre sus prioridades estaba la realización de un Taller de Alfabetización de la Imagen para profesores del sistema escolar y cambios a la ley; Patricia Flores puso énfasis en la regularización del Fondo de Fomento para la recuperación de los dineros públicos y una propuesta para la modificación de la Ley del Cine.
La aplicación de la ley del cine pasó por varias etapas, en los primeros años cuando se puso en práctica esta norma todo fue nuevo, comenta Eduardo López.
“Comienza una gestión muy rápida para conseguir recursos, con una participación seria y activa de los componentes del Estado y una gran cohesión en el sector audiovisual, que significó una enorme ventaja. Esa cohesión duró mucho tiempo, se fue resquebrajando y se volvió a recomponer los equilibrios en mi tercera gestión”. (E. López, entrevista personal, febrero 2012)
De alguna manera el entusiasmo del sector audiovisual fue cambiando, la política de fomento que contempla un fondo rotatorio, sobre la base de préstamos comerciales con intereses bajos en relación al sistema financiero de la época, pero que a la postre significó el desastre que llevó a la quiebra del Fondo de Fomento Cinematográfico.
Algo que no puede pasar por alto es que esta Ley fue tratada como una norma de segunda categoría, se sobrepusieron otras leyes y no se permitió desde la estructura Estatal su pleno cumplimiento, por más esfuerzos realizados de parte de sus autoridades, no se logró que la sociedad civil se vinculará con la norma legal y que las diferentes instancias estatales la respeten y la ejerzan.
Si la norma no determina sanciones contundentes para quien la infrinja difícilmente una ley podrá tener mejor destino que la Ley 1302. Por otra parte el Estado está llamado a hacer que se cumpla plenamente.
Definitivamente se requiere un control social que haga seguimiento no solo a la gestión administrativa y del uso de los recursos públicos, también al buen cumplimiento de la norma y los reglamentos de parte de la sociedad civil.
Propuestas de modificación a la Ley del Cine de 1991
Desde principios de la década del dos mil, existió la inquietud de plantear algunas modificaciones y adaptaciones a la ley y a su reglamento, en especial aspectos relacionados con el Fondo de Fomento. Casi todos los ex directores se dieron cuenta de los vacíos de la norma e intentaron hacer modificaciones, e incluso construir una ley nueva.
Las propuestas de modificación y actualización a la Ley del Cine surgen sobre la base de la experiencia directa de dirigir la institución y encontrarse con claras limitaciones, es así que existen documentos referidos a consultorías técnicas y legales sobre todo con la inquietud de captar recursos para reanimar el Fondo de Fomento en las gestiones de Patricia Flores, Armando Urioste y Cesar Pérez.
Uno de los aportes más relevantes es el trabajo realizado por Gonzalo Castellanos, especialista colombiano quien evaluó y planteó una propuesta para modificar la ley, respecto a la creación de un sistema de recaudación parafiscal en el que empresas privadas invierten en proyectos cinematográficos por medio de los pagos de impuestos.
Este tipo de política exitosa en Colombia, requiere acciones más contundentes que en el país están siendo analizadas, a través de la ley de culturas.
La búsqueda de incluir cambios en la ley del cine motivó también a organizaciones de la sociedad civil, es el caso de las propuesta de modificación sobre la base de la Ley 1302 realizadas por la Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) y de la Asociación de Trabajadores de la Imagen de Bolivia (ATIB), por su parte también la Cámara de Empresarios Cinematográficos inició hace varios años una reflexión para una norma, pero ésta hasta la actualidad no vio la luz o por lo menos no es de conocimiento público.
Fueron las organizaciones de las distintas organizaciones de realizadores que trabajaron desde hace años en la elaboración de documentos con miras a una nueva Ley del Cine.
La propuesta de ATIB
Uno de los elementos que se destaca en el documento propositivo para la modificación de la ley del cine es la creación e inclusión de los Consejos Departamentales de Cine (CODECINES) y la reestructuración del directorio respecto a quienes componen este órgano de gobierno institucional, involucrando a representantes de sectores del campo audiovisual distintos a los que figuran en la actual ley y representantes de diversas regiones.
Así mismo en la propuesta se destaca la inclusión de recursos económicos, en los planes operativos anuales de municipios y gobernaciones para alentar la actividad cinematográfica en las regiones.
Y por último la recaudación del 50% de los impuestos de empresas de televisión para destinarlos el Fondo de Fomento.
Los dos primeros puntos, responden a una necesidad sentida de otorgar legitimidad al Directorio del Consejo con participación de otras regiones, una propuesta justa y necesaria, esto conlleva, al mismo tiempo la necesidad involucrar a los gobiernos locales, para que con su propio presupuesto tome parte en el fomento a la actividad productiva audiovisual en la región. Y en cuanto al tema impositivo, la televisión es uno de los factores generadores de recursos, pero no es el único, por tanto la propuesta es incluir a toda actividad económica que conlleve el uso comercial de imágenes en movimiento sin importar el medio o soporte tecnológico.
Los aportes de Gonzalo Castellanos
En la propuesta realizada por el consultor del Convenio Andrés Bello, se destaca lo siguiente:
Se propone subsidios financiados con recursos del presupuesto público o mediante un impuesto al boleto de cine u otras ventanas de difusión.
Los recursos destinados a la actividad cinematográfica local deberán otorgarse mediante un sistema de concurso.
Los subsidios deben estar dirigidos a apoyar las etapas de preproducción, producción y post producción en forma no reembolsable o a través de créditos y subsidios. La otorgación deberá ser en porcentajes fijos sobre el valor de cada producción local.
- Se plantean incentivos tributarios a las donaciones e inversiones de terceros que no figuran como productores de la obra cinematográfica.
- Exoneración de impuestos a la inversión directa del productor nacional en producciones locales, e incentivos a la reinversión de rentas de productores en nuevas producciones.
- Titularización mercantil de proyectos cinematográficos, mediante títulos negociables en el mercado de valores, como los proyectos inmobiliarios o de infraestructura, e incentivos tributarios consistentes en deducciones por inversión en títulos valores de esta naturaleza.
- Facilitación de inversión extranjera en proyectos de coproducción, mediante la imposición de menores gravámenes al ingreso de divisas.
- Destinación de recursos del presupuesto nacional, para apoyar sistemas de redescuento en el crédito financiero a menores tasas de interés o la ampliación de un sistema de garantías bancarias a través de entidades financieras.
- Creación de fondos especiales para el conjunto de actividades de promoción a la producción local, provenientes de porcentajes fijos de los ingresos de la televisión.
- Por último se plantea la exhibición de filmes nacionales y coproducciones bolivianas de largometraje, corto o mediometraje en salas de cine en el territorio nacional en cualquier formato, exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), transacciones (IT), y a las utilidades (IU).”
El modelo colombiano que plantea Gonzalo Castellanos, no deja de ser un interesante referente para la generación de una política de fomento, el precepto de “devolver al audiovisual boliviano aquello que la industria audiovisual genera en impuesto para el fomento del cine en el país” es sin duda un postulado que reivindica la dignidad de cualquier país que permitió que la actividad comercial se posesione y desarrolle éste nicho económico que ha dado grandes ganancias.
Es probablemente en el método donde existen diferencias entre la experiencia colombiana y la boliviana. En primer lugar no existe un sistema de contribución parafiscal en el país y crearlo no está, en los intereses del Ministerio de Economía y Finanzas. Del mismo modo, no es política de Estado la exención de impuestos, como manifestó, el economista Jaime Durán miembro del Directorio de CONACINE.
Si bien Colombia por medio de su nueva política de fomento ha pasado de un fondo de $US 150,000 al año para varias películas a casi $US 300,000 por película, la realidad a tiempo de evaluar esta estrategia nos demuestra que esta política de fomento financia el 40% del total presupuestado[2] para una película con expectativa de éxito en taquilla. La proyección en el mejor de los casos es de convocar en salas de cine de 560 mil espectadores, con lo cual no se logra la recuperación de la inversión. De 15 películas al año producidas en Colombia en el 2011 solo dos lograron superar esa barrera y generar ganancias. (Luzardo J. 2010)
A través del informe del cineasta Julio Luzardo, podemos evidenciar que el boom de los Fondos de Fomento en Latinoamérica tiene por detrás una fila de realizadores con problemas de deudas al Estado y una situación más compleja que la nuestra.
La propuesta de la Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE)
Tanto el proyecto de la ATIB como de ASOCINE, desarrolla un proceso de actualización y enmienda sobre la estructura de la Ley del Cine 1302. En el caso particular de los cineastas, se plantea una renovación o adecuación equivalente al 50% de la actual ley.
Los aportes más importantes son los siguientes:
La primera propuesta extiende el ámbito de la norma del cine al audiovisual, teniendo como base la producción del video.
El segundo aspecto relevante es que se define por actividades cinematográficas y audiovisuales “las referentes a la creación, producción, distribución y exhibición de filmes y las labores conexas de información, recreación y cultura”[3].
En cuanto al uso legal del material audiovisual establece lo siguiente: “Todo filme, para ser exhibido o comercializado en el territorio nacional, deberá contar con los derechos de comercialización para el territorio nacional y estar legalmente registrado en el Consejo Nacional de Cine (CONACINE)”.
Un aporte importante es el compromiso del Estado a ser parte de convenios internacionales. La propuesta textualmente determina: “participar en todos los convenios internacionales en el ámbito de la cinematografía y el audiovisual de acuerdo a normas de reciprocidad suscritas”.
Si bien en el ámbito de las definiciones contempla al audiovisual, en el cuerpo de la ley hace mención al video y la televisión, sobre todo en cuanto respecta al tema de derechos de autor y la legalidad del uso de permisos de difusión y exhibición.
Ratifica en su generalidad los postulados de la actual Ley del Cine y su finalidad es una actualización conceptual, sin llegar a proponer una alternativa en relación al Fondo de Fomento.
¿Por qué no reformular la ley y trabajar en una nueva ley?
La Ley del Cine 1302 promulgada en diciembre del año 1991, en su estructura fundamental no es mala, “pero resultó insuficiente frente a la realidad y la dinámica de los hechos. La Ley tiene problemas de origen, fue aplicada cuando cambió la política económica en el país y se vino el 21060” (E. López entrevista personal 2012)
En palabras de Pedro Susz “la Ley del Cine ha cumplido a medias con sus objetivos y ha tenido una aplicación muy parcial. Entre otras cosas porque coincidió casi dramáticamente con un cambio radical de lo que es la estructura del espacio audiovisual en Bolivia, ése ha sido uno de los elementos que ha dificultado su aplicación, porque había enunciados que ya no eran aplicables, había enunciados que estaban absolutamente desfasados con lo que necesitaba el espacio audiovisual como mecanismo de ordenamiento y de fomento”. (Susz, entrevista 2012)
El fracaso de la ley no se atribuye únicamente a los cambios en la estructura del espacio audiovisual, el Estado demostró claramente ser débil para implementar normas que no implica sanciones explícitas para quienes las incumplen.
El desconocimiento de la Ley de funcionarios públicos y de los propios realizadores audiovisuales, son argumentos contundentes para comprender esa poca capacidad de ser aplicada.
La propuesta de una nueva ley desde la sociedad civil
A finales del año 2011, el directorio de CONACINE con el apoyo del ILDIS, lanzaron una convocatoria pública para la realización de una consultoría que permita identificar las falencias de la ley 1302 y se elabore una propuesta de Ley nueva para el fomento del cine boliviano.
La comisión de evaluación, tomó la decisión de confirme ese trabajo, una consultoría de dos mese y que se amplió luego a otros tres meses más.
Al mismo tiempo, por iniciativa de productores y realizadores de cien y audiovisuales ligados al Movimiento del Nuevo Cine y Video Boliviano, Victoria Guerrero crea la página en Facebook denominada “Buscando al nuevo director de CONACINE”, espacio que rápidamente se convierte en un foro de debate relacionado a las infinitas demandas de hombres y mujeres de distintas generaciones en torno a la temática del cine y audiovisual.
La plataforma tecnológica, ha permitido que realizadores de diferentes ciudades del país se interrelacionan con el propósito abrir un debate público a sus demandas y entre ellas la necesidad de estructura una normativa que permita dar un salto al país hacia el desarrollo del cine boliviano.
El grupo se crea a finales del 2010 y hasta la actualidad logra agrupar a 2.544 personas relacionadas con el actividad cinematográfica y audiovisual.
El año 2013 en el mes de octubre, se organiza gracias al Facebook el Congreso del Cine y Audiovisual Boliviano logrando reunir aproximadamente doscientas persona de todo el país, que durante tres días discuten y trabajan organizados en mesas de trabajo la propuesta de ley del cine, un acontecimientos sin precedente por la cantidad de participantes y la diversidad de sus integrantes.
El encuentro, masivo se constituyó en un hito de la historia reciente de los movimientos culturales, organizados desde la base social para presentar una propuesta al poder Ejecutivo con el fin de ser analizado, discutido y aprobado por la Asamblea Plurinacional, órgano legislativo en el país.
Como resultado del Congreso, se conformó una comisión con 12 miembros, cuyo mandato fue realizar un acontecimiento al proceso hasta su promulgación como ley del Estado.
El anteproyecto de ley desde el informe de consultoría hasta la actualidad ha sobrepasado la versión número ochenta y se ha modificado en la administración de cada ministro de cultural que ocupó ese cargo, primero fue Elizabeth Salguero, Pablo Groux, Marko Machicao y la reciente ministra Wilma Alanoca.
A manera de conclusión
La dinámica del movimiento de realizadores, al margen de las diversas agrupaciones por región, identidad cultural o generacional, permitió que el debate de una norma surgiera desde las propias necesidades y demandas del sector, no solo desde el conocimiento del ámbito legal de abogados o autoridades del poder político en el país.
Si bien en el proceso se trabajó con una variada cantidad de profesionales en leyes, la substancia del anteproyecto de ley del cine y audiovisual boliviano tomó la vivencia y experiencias de los nuevos realizadores de cine contemporáneo, al margen de alcanzar un nivel de perfección en el plano normativo, esta propuesta refleja la naturaleza del realizador actual.
Por otra parte, las condiciones en el ámbito político son distintas en relación a la década del noventa cuando surgió la primera ley del cine, el actual gobierno ha propiciado la posibilidad de impulsar desde la sociedad civil una normativa, pero al mismo tiempo no logró un nivel de efectividad hasta ahora para su tratamiento y promulgación.
Aún en la actualidad el aparato burocrático es lento y complejo, la cultura no logra ascender del quinto lugar que ocupa, luego de la atención a los servicios básicos, la salud, la educación, el sistema productivo y los movimientos sociales, porque el Estado aun no logra incorporar en sus prioridades el interés efectivo al desarrollo de las industrias creativas, como sucede en otros países del mundo desde hace bastantes años.
La actual agenda en el campo de la cultura es desde hace unos años, el Dakar y el turismo comunitario como iniciativas de una política cultural enfocada a eventos y no a pilares estructurales.
La falta de una ley de culturas que ordene y direccione las políticas públicas del país es probablemente una carencia que no tiene en este momento horizonte cercano y que podría ser una alternativa para encaminar al país al campo de las industrias creativas.
El ámbito cinematográfico es un factor de desarrollo, de varios otros que deben ser encarados, pero es la pieza clave para dar solución al proceso de de(s) colonización que enfrenta la sociedad boliviana desde las iniciativas de la sociedad civil.
La actual clase política habla de una revolución cultural, pero su enfoque es reivindicativo de las identidades y naturaleza de los pueblos indígenas originarios, pero aún no tiene una propuesta superior al reconocimiento de la diversas cultural y la tolerancia luego de cientos de años de exclusión y racismos.
El paso siguiente en la construcción de una revolución cultural debe ser el posicionamiento como país de una alternativa que salga desde su propia naturaleza. El propósito debe ser conquistar la soberanía perdida que fue y es vulnerada desde el consumo capitalista de oferta y demanda de productos audiovisuales subvencionadas por los Estados Unidos.
No enfrentamos a una dinámica de dominación sustentada en el sistema de distribución y consumo de su cine y que implica todo un aparato ideológico hegemónico.
China, por ejemplo es el segundo país con industria cinematográfica y apenas cubre con su producción el 60% de sus salas de cine, luego de décadas en las que el cine del norte tomo sus pantallas para posesionarse en el consumo cultural de ese país.
Detrás de la iniciativa de la nueva ley del cine y audiovisual boliviano, está la recuperación gradual de esa soberanía vulnera en casi la totalidad de país en el mundo, con el fin de generar y difundir historias e imágenes propias.
Estamos en el umbral de dar un salto enorme y recomponer el sistema legal, para darle el lugar que corresponde al cine boliviano. Ahora la oportunidad está en manos de quienes tienen el poder político en el país.
Una nueva ley por si mismos, no cambiará el panorama del cine nacional, pero permitirá empoderar a un sector para cumplir con el desafío mayor, hacer que la norma propicie un cambio liderado por hombres y mujeres que trabajan cotidianamente en el campo audiovisual y poder sumar al resto de la sociedad en este propósito, este es el desafío mayor, hacer que la ciudadanía vuelque la mirada a otra propuesta estética, más propia, entretenida y lo suficiente reflexiva para cautivar no solo la mirada, también convertirla en uno de los factores culturales de un nuevo tiempo.
Bibliografía
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Entrevistas
BINER, Guillermo. Empresario Cinematográfico. Febrero de 2012
LÓPEZ, Eduardo. Ex Director de CONACINE;Realizada por Nelson Martínez. Marzo, 2012
[1] La Empresa de Televisión Boliviana surge en el gobierno del General Barrientos Ortuño y se inaugura el 30 de agosto de 1969 en el gobierno democrático de Luis Adolfo Siles Salinas.
[2] El presupuesto promedio para una película colombiana de alta calidad esta aproximadamente en 658 mil dólares.
[3] Proyecto de modificación de la Ley del Cine elaborado por ASOCINE, documento proporcionado por Cecilia Quiroga.
